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El Gobierno dará cobertura legal y apoyo económico a las inmigrantes víctimas de explotación sexual
El Plan Integral contra la Trata de personas "no contempla medidas específicas" contra los anuncios de prostitución en los medios
Las inmigrantes clandestinas víctimas en España de explotación sexual contarán con cobertura legal y una ayuda económica por parte del Gobierno de España si deciden denunciar los abusos y la explotación que sufren, según el borrador del Plan Integral contra la Trata de personas que presentó hoy la ministra de Igualdad, Viviana Aído. Así, las mujeres que quieran colaborar con las fuerzas de seguridad tendrán un plazo de 30 días para decidir si denuncian, tiempo durante el que, "en ningún caso" se la podrá expulsar del territorio. Sin embargo, esta Plan "no contempla medidas específicas" contra los anuncios de prostitución en los medios de comunicación, según detalló la ministra.
Tras la reunión de Aído con representantes de ONG especializadas en la materia, para presentar los detalles del Plan Integral contra la Trata de personas, la titular de Igualdad explicó en rueda de prensa que aquellas mujeres inmigrantes que se dediquen a la prostitución y quieran denunciar la explotación que sufren podrán recibir asistencia letrada gratuita con intérpretes en su idioma así como medidas especiales de protección, tanto paras ellas como para sus testigos. Además, una vez se pongan en contacto con las fuerzas de seguridad estarán bajo su custodia durante 30 días, plazo en el que pueden decidir si quieren denunciar, y en el que "en ningún caso", explicó Aído, podrán se expulsadas del país, en el caso de que sean extranjeras y carezcan de papeles.
También se ayudará de manera económica a la víctima, aunque aún está por precisar la cuantía que recibirán las mujeres durante este "periodo de reflexión" o el modo en que serán protegidas. La ministra Aído señaló durante su intervención que el objetivo de este punto del Plan es que "estén perfectamente atendidas" y que "se sientan con una mayor libertad" para colaborar con la justicia en la persecución de los explotadores.
En paralelo, se desarrollarán campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que "generalmente detrás de una prostituta hay una víctima de explotación", explicó Aído. Con esta campaña se pretende reducir las cifras que maneja el ministerio de Igualdad, documentos de los que se desprende que el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son extranjeras y apenas el cinco por ciento admite que ejerce su profesión de manera voluntaria. Del mismo modo, ocho de cada diez prostitutas han sido forzadas o son víctimas de la trata de personas.
No hay medidas contra los anuncios
Del mismo modo, la ministra aclaró que el plan "no contempla ninguna medida específica" sobre la presencia de anuncios de prostitución en distintos medios de comunicación, aunque reconoció que no son de su agrado. "Obviamente no me gustan los anuncios de prostitución, pero ese es un tema que tendremos tiempo para hablar en otro momento", apuntó. Tampoco hizo referencia durante la rueda de prensa a los polémicos anuncios que se exponen en Sevilla que pretenden erradicar la prostitución de la ciudad usando el lema: 'tan poco vales que tienes que pagar'.
De lo que sí habló es de que el Plan Integral, en el que comenzó a trabajar en Ejecutivo la pasada legislatura, se plantea un horizonte inicial de tres años y el objetivo de que sea aprobado antes de final de 2008 para "su entrada en vigor de forma inmediata". En el texto trabajan once ministerios cada uno de los cuales elabora una memoria económica en las materias que le competen. La ministra aseguró que "no van a faltar recursos". Ahora la misión de Aído es trasladar el documento a la Representante Especial de la OSCE contra la trata de personas para explotación sexual y lo remitirá también a distintas Comunidades Autónomas para su debate y análisis en la próxima Conferencia Sectorial, cuya fecha aún no ha sido determinada.